Arbitraje y Resolución de Conflictos

En la República de Panamá las disputas entre dos o más personas naturales o jurídicas que surjan como consecuencia de sus relaciones comerciales pueden ser sometidas a un convenio de arbitraje conforme las disposiciones del Decreto Ley 5 de 8 de Julio de 1999, que establece el régimen general de arbitraje, conciliación y mediación en la República de Panamá. Según el artículo 7 del Decreto Ley 5: “El convenio arbitral, es el medio mediante el cual las partes deciden someter al arbitraje las controversias que surjan, o que puedan surgir entre ellas, de una relación jurídica, sea contractual o no…”. El mismo artículo también establece que el gobierno panameño puede someter a arbitraje las disputas que surjan en casos de contratos que hayan celebrado con cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, siempre que contengan una cláusula arbitral. Si este no es el caso, el gobierno panameño necesitará una autorización especial otorgada por el Consejo de Gabinete y opinión favorable del Procurador General de la República de Panamá para tener la facultad de someter la disputa a arbitraje.

El arbitraje puede ser en Derecho o en Equidad. El arbitraje es en Derecho cuando los árbitros resuelven las disputas de acuerdo a normas legales y el arbitraje es en Equidad cuando los árbitros toman sus decisiones conforme su mejor entendimiento y sus creencias sin estar sujetos a ninguna regla legal.

El tribunal arbitral puede estar conformado por uno o tres árbitros según lo que haya sido establecido en el convenio arbitral o cláusula arbitral. Si el convenio o cláusula arbitral no señalan cuántos árbitros serán parte del tribunal arbitral, la regla es que tres árbitros serán nombrados por la entidad arbitral. El tribunal arbitral podrá proferir su laudo arbitral dentro de un período máximo de seis meses contados desde la fecha en que el último árbitro nombrado acepte su posición, con excepción de que las partes o las reglas aplicables establezcan un período diferente de tiempo. El laudo arbitral tiene efecto “res judicata” y no hay derecho de apelación en su contra, salvo con algunas excepciones que están claramente establecidas en la ley.

La República de Panamá es signataria de algunos documentos internacionales relacionados al arbitraje como la Convención de Arbitraje de New York de 1958 y la Convención de Panamá de 1975.

Actualmente, la República de Panamá cuenta con algunos centros privados admitidos como entidades arbitrales que pueden llevar a cabo procesos de arbitrajes, conciliación y mediaciones. Estas instituciones arbitrales tienen sus propias listas de árbitros, conciliadores y mediadores. Entre éstas entidades arbitrales podemos mencionar las siguientes:

CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE PANAMÁ (CECAP) suscrito a la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá.

CENTRO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS (CESCON) suscrito a la Cámara Panameña de la Construcción.

El sector marítimo tanto público como privado está actualmente trabajando en un proyecto para la creación e implementación de una nueva entidad arbitral en Panamá la cual lidiará los conflictos relacionados a asuntos marítimos. Esta institución sera conocida como el CENTRO DE CONCILIACIÓN, MEDIACIÓN Y ARBITRAJE MARÍTIMO DE PANAMÁ (CECOMAP).

La Cámara de Comercio Internacional (CCI) aprobó en Octubre de 2003 la formación de la Cámara de Comercio Internacional – Capítulo de Panamá, de la cual Arosemena & Diaz es miembro fundador, y que sirve como foro local para discusión de temas internacionales relacionados al arbitraje.